Durante años hemos sido testigos de programas educativos diseñados para un alumnado «normotípico», es decir, niños y niñas cuyas características físicas, mentales y comportamentales recaían dentro del rango estándar de la población.
El resultado era el esperable: los niños sin dificultades o con dificultades menores se adaptaban al sistema educativo. No ocurría lo mismo con quien no recaía en esa categoría. Incapaces de adaptarse a modelos que, en ocasiones, ni siquiera resultaban naturales desde la óptica de la adquisición de aprendizajes (como el aprendizaje exclusivamente mecánico o memorístico, por ejemplo) terminaban sumándose al grupo de niños y niñas que quedaban en tierra de nadie con la etiqueta de «fracaso escolar» colgada al cuello.
Son muchas las medidas de apoyo que se han introducido en la escuela para tratar de paliar una situación que comenzaba a ser sangrante, ante una sociedad cada vez más tecnológica que exige un elevado nivel de formación. También se ha modificado (y diría que aumentado en complejidad) la misión de los docentes, hoy concienciados de la existencia de un alumnado con necesidades especiales, que no se puede obviar. Los resultados de los programas son desiguales y dependen, en gran medida, de la cantidad de recursos (personales y materiales) disponibles. Pero se han dado pasos importantes hacia una educación más equitativa.
Muchos adultos que han alcanzado cierta relevancia nacional o internacional es sus respectivos campos profesionales recuerdan con poco cariño una escuela que ha marcado sus infancias. De hecho, la rememoran como una dura prueba que han tenido que superar para poder llegar a hacer aquello en lo que destacan. Por suerte, han sido capaces -en ocasiones con ayuda, en otras por simple tesón- de demostrar y, sobre todo, de demostrarse a sí mismos, lo mucho que valen.
Dicho sea de paso, también nuestra justicia adolece de «normotipicidad»: está diseñada para quienes pueden expresarse, narrar los hechos y exigir sus derechos sin dificultades. Pero esto no está al alcance de toda la población. Y el resultado es un grupo de justiciables no normotípicos que observa en estado de indefensión como le colocan la etiqueta de «fracaso de la justicia».
Confiemos en que la nueva figura de los facilitadores procesales, cuyo cometido es asistir a quienes por razón de discapacidad o barreras lingüísticas, educativas o culturales tienen dificultades para entender o explicarse a lo largo del proceso judicial, pueda dar voz a quienes tanto les cuesta expresar lo que sienten, padecen o han sufrido.
diciembre 17, 2024
